miércoles, 21 de noviembre de 2012

La Libertad "un derecho humano"



El artículo 19 de la Declaración Universal señala: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a cauda de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

La libertad de expresión tampoco está viviendo su mejor momento en los albores del siglo XXI. La posibilidad de expresar y comunicar libremente el pensamiento se encuentra apresada entre los grandes intereses de los grupos transnacionales de comunicación y las amenazas constantes de las mafias oficiales y no oficiales que se dedicaban al narcotráfico, al secuestro, el comercio de ramas y a la trata de personas. 

Los espacios de comunicación se van volviendo cada vez más homogéneos y el pensamiento disidente encuentra menos espacios para hacerse escuchar. La concentración mediática es hay en día uno de los peligros más grandes para la libertad de expresión. La concentración empresarial de los medios, se ha producido de tres formas distintas: a) Horizontal, es decir, sobre un mismo medio de comunicación; b) vertical, por el acaparamientos de medios de comunicación de distinta naturaleza radio, televisión, prensa, cable, satélite  y c) transversal, por una mezcla de la propiedad de medios de comunicación con agencias publicitarias, de información de promoción musical. etc.

En este contexto, es necesario subrayar la necesidad de preservar una autonomía relativa del poder público con respecto a los medios. Luigi Ferrajoli lanzó hace unos años la advertencia del riesgo que suponía para la democracia el fenómeno emergente de la unión de los medios y el poder económico para tomar el control del poder político, lo cual dio lugar a dos categorías nuevas para la ciencia política: la de la empresa-partidos y la de la empresa-gobierno. El mismo autor apunta que “La mayor concentración existente de medios televisivos y de información se movilizó en las reciente campaña electoral no a favor de una información partidaria o de un bloque de intereses, sino directamente de su propietario, construyendo en pocas semanas en sus departamentos de publicidad una fuerza política y lanzándola al mercado de la misma forma las técnicas del marketing y los spots publicitarios en que se lanza un producto comercial”.    

A quienes se atreven a informar sobre temas “delicados” se les amenaza o se la elimina físicamente. Los opinadotes son silenciados lo mismo en –cuba que en Irak, en Arabia Saudita que en China. Organizaciones internacionales de prensa como por ejemplo la sociedad Interamericana de prensa denuncian continuamente amenazas contra periodistas, hasta el grado de que algunos órganos protectores de derechos humanos han creado programas especiales de protección de comunicadores (es el caso de CNDH en México).  

En México la reforma electoral del 13 de noviembre de 2007 a la Constitución ha suscitado diversas críticas en el sentido de que reduce los márgenes de la discusión libre y robusta que debe caracterizar a cualquier régimen democrático.  Para algunos, la imposibilidad de que los ciudadanos compren espacios en los medios de comunicación electrónicos limita su libertad de expresión;  lo mismo se dice en relación al impedimento para realizar “campañas negativas” que tienen los partidos y candidatos según el artículo 41 constitucional,  como quiera que sea, lo cierto es que se trata de disposiciones que tendrán que ser interpretadas bajo los principios clásicos de la interpretación de los derechos fundamentales, incluyendo sobre todo el principio propersonae. Una mala interpretación constitucional en este tema podría provocar consecuencias funestas para el incipiente democrático que se genera en las campañas electorales, alrededor de partidos y candidatos.

La mejor guía para logar una adecuada interpretación sigue siendo, hoy como ayer, el derecho comparado en materia de libertad de expresión. Quienes ganaron nuestra independencia creían que el propósito último del Estado era dar a los hombres libertad para desarrollar sus facultades, y que en su gobierno las fuerzas deliberativas debían prevalecer sobre las arbitrarias. La libertad para ellos tenía un valor como medio y como fin. Creían que la libertad era el secreto de la felicidad; el coraje, el secreto de la libertad. Creían que la libertad de pensar lo que se quiera y de decir lo que se piensa son medios indispensables para el descubrimiento y la propagación de la verdad política; que sin libertad de expresión y de reunión, el debate sería fútil; que con ellos el debate normalmente ofrece protección adecuada contra la diseminación de doctrinas perniciosas; que la mayor amenaza a la libertad es un pueblo inerte; que el debate público es un deber político; y que este debe ser el principio fundamental del gobierno norteamericano. Reconocían los riesgos que corren todas las instituciones humanas. Pero sabían que el orden norteamericano. Reconocían los riesgos que recorren todas las instituciones humanas. Pero sabían que el orden no se puede garantizar solamente por el temor al castigo cuando ha sido infringido; que es aventurado oponerse al pensamiento, la esperanza y la imaginación; que el temor engendra represión; que la represión engendra odio; que el odio amenaza la estabilidad del gobierno; que el sendero de la seguridad se encuentra en la oportunidad de discutir libremente supuestos agravios y los remedios que se propongan; y que el mejor remedio para un mal consejo es uno bueno. Creyendo como creían en el poder de la razón aplicada por medio del debate público, desecharon el silencio impuesto por la ley, que es la pero forma en que la fuerza se vuelve un argumento.

El temor de daño grave por sí solo para justificar la supresión de la libertad de expresión y de reunión. Los hombres temían a las brujas y quemaban mujeres. La función de la expresión es liberar al hombre de los grilletes del miedo tradicional. Quienes ganaron nuestra independencia con una revolución no eran cobardes. No temían a los cambios políticos. No exaltaron el orden a expensas de la libertad, para esos hombres valerosos, confiados en sí mismos y en el poder de la razón aplicada libremente y sin miedo a través del gobierno popular, ningún peligro que emane de la expresión puede considerarse claro y presente, a menos que la incidencia del mal que se teme sea tan inminente que pudiera materializarse antes de que hubiera ocasión de debatirlo a fondo. Si hubiese tiempo para exponer al debate las falsedades y falacias, para evitar el mal a través de la educación, el medio que tendría que aplicarse no es el del silencio sino el de mayor expresión. Esa ha de ser regla, si la autoridad ha de conciliarse con la libertad.

viernes, 16 de noviembre de 2012

Los derechos humanos, su protección es una obligación para el Estado



Los derechos humanos son aquellos que la sociedad regulada a través de una Constitución considera básicos o fundamentales para su convivencia y suelen coincidir con los derechos humanos, aunque pueden ser más. Los derechos humanos no necesitan encontrarse positivados en una ley para ser exigidos. Entonces el problema consiste no en poseerlos, sino en hacerlos valer, es decir tener medios para exigirlos, o garantías, es decir son como barreras frente al poder del Estado, adquiriendo facultades subjetivas de las personas, aunque también deben ser entendidos como valores que permean todas las normas. Así, la constitución obliga a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Lo anterior implica el reconocimiento del principio de vinculación a los derechos humanos e ingreso formal de la función objetiva de los derechos en el sistema mexicano, donde son vistos como valores que irradian a todo el sistema jurídico, en donde dichos derechos continúan siendo garantías para la persona, mientras que para el Estado, se convierten en límites, también son decisiones de valor objetivo bajo los cuales el orden jurídico debe crearse, aplicarse e interpretarse, son el sistema de valores de la comunidad y el Estado es responsable de ellos, lo cual implica también acciones positivas por parte de las autoridades. Si los derechos humanos son valores dentro del sistema jurídico, entonces ello implica que son normas de Derecho inmediatamente aplicables a las relaciones entre privados, pues las leyes deben ser, todas, interpretadas dentro del marco constitucional, por lo que si un particular violenta derechos humanos, es responsabilidad del Estado Mexicano proteger dichos derechos.

miércoles, 14 de noviembre de 2012

Igualdad ante la ley



La discriminación está prohibida en el artículo 1º constitucional, ya sea motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, de salud, religión, opiniones, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las humanas. Tanto el concepto de discriminación como los instrumentos internacionales que la prohíben han evolucionado con los años.

El 11 de junio de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que toma en cuenta, además, la discriminación por sexo, edad, discapacidad, condición social o económica,  de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de derechos e igualdad real de oportunidades. Mientras que en el Distrito Federal surge la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito Federal, misma que amplía aún más el concepto y señala que en la capital del país se prohíbe toda negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de alguno de derechos humanos individuales, grupos y comunidades en situación de discriminación. La discriminación, de acuerdo con esta Ley, es imputable a personas físicas o morales o entes públicos con intención o sin ésta, dolosa o culpable, por acción u omisión. Entre las razones por las que nadie puede ser discriminado, la Ley del Distrito Federal añade el género, identidad indígena, de género, expresión de rol de género, condición jurídica, apariencia física, características genéticas, opiniones políticas, académicas o filosóficas, identidad o filiación política, orientación o preferencia sexual, estado civil, forma de pensar, vestir, actuar, gesticular, tener tatuajes o perforaciones corporales o cualquier otra que tenga por efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos y libertades fundamentales y la igualdad de las personas.

Si bien este marco legal puede ser un avance, la realidad revela que la discriminación es algo que existe, por lo que no podemos hablar de una “igualdad ante la ley”. Es una especie de enemigo invisible, silencioso que nos acecha en todas las etapas de nuestra vida y también la vivimos por otras características, por ejemplo la falta de garantías en el debido proceso de personas indígenas, ya que la falta de intérpretes y traductores limita de manera grave su derecho a un juicio justo, también en las condiciones de pobreza y marginación extremas en las que viven, ya que tienen acceso limitado a servicios básicos y a la justicia; sufren ataques al  defender sus derechos por parte de militares, caciques o grupos de poder que actúan en la impunidad, así como los migrantes padecen de discriminación mediante extorsión, malos tratos, secuestro, violación, asesinato y reclutamiento forzoso por bandas delictivas.

Para llegar a una igualdad ante la ley, es necesario que todas las personas gocen sin distinción de todos los derechos humanos, entre éstos el derecho a la igualdad y la no discriminación es un trabajo y compromiso que enfrenta grandes obstáculos, prejuicios y barreras culturales arraigadas en las prácticas sociales de todo el país. El cambio cultural a favor de la no discriminación es una labor de todos los días y de resultados en el mediano y largo plazo. El esfuerzo sin duda valdrá la pena.

miércoles, 7 de noviembre de 2012

El pluriculturalismo y los derechos humanos

Aunque el pluriculturalismo constituye un terreno fértil para un tratamiento multidisciplinar, en lo que al ámbito jurídico se refiere su estudio medular ha de realizarse desde la teoría de los derechos humanos, pues las libertades públicas y los derechos garantizados por la Constitución han de ser el cauce a través del que pueda discurrir dicha pluralidad cultural.

La apertura de la Constitución se manifiesta de manera singular en las normas sobre derechos humanos, y es que todas las normas que reconocen libertades tienen un doble significado: niegan la posibilidad de que se realice una opción contraria a la libertad, pero al tiempo mantienen abiertos los cauces a múltiples posibilidades. Este carácter abierto implica que cualquier conducta que se corresponda con el enunciado del derecho fundamental está, en principio, garantizada por él.

Los derechos humanos se caracterizan, además, por su deliberada abstracción, que consiste en que la definición del objeto, contenido y límites del derecho se lleva a cabo sin la concreción de sus manifestaciones modales, espaciales y temporales.

La importancia de mantener una teoría de los derechos humanos conforme a la Constitución aumenta, las teorías o modelos dogmáticos se autonomizan y la averiguación de tal contenido probablemente discurra por las categorías doctrinales elaboradas en el interior de dichos modelos, al margen de una explícita referencia constitucional o con apelación a principios funcionales de la Constitución, entendida ésta no como norma, sino como instrumento político de integración y de estabilidad del orden.

El proceso de determinación de cuál es la dogmática adecuada no puede consistir, como es obvio, en que el intérprete decida por sí mismo, pues si así fuera se estaría proyectando la concepción personal sobre la Constitución y los derechos humanos para, de esta manera, acomodar el precepto a esa compresión previa del derecho. El texto constitucional tiene que ser el punto de partida y no el de llegada de la tarea interpretativa, por lo que ésta ha de partir de lo que al respecto se haya establecido en aquél.

Esto es lo que explica la especial atención que se debe prestar a los principios estructurales de nuestra constitución, en especial al carácter democrático del Estado, y a los que ella misma califica como valores superiores del ordenamiento: la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Partimos, pues, de una dogmática que se orienta a una interpretación de los derechos humanos a la luz de su dimensión democrática, sin embargo en nuestro país es fundamental tomar en cuenta el multiculturalismo que posee nuestro México, reconociendo a los pueblos originarios (indígenas) y sensibilizándonos a sus necesidades.