El
artículo 19 de la Declaración Universal señala: Todo individuo tiene derecho a
la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser
molestado a cauda de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión.
La
libertad de expresión tampoco está viviendo su mejor momento en los albores del
siglo XXI. La posibilidad de expresar y comunicar libremente el pensamiento se
encuentra apresada entre los grandes intereses de los grupos transnacionales de
comunicación y las amenazas constantes de las mafias oficiales y no oficiales
que se dedicaban al narcotráfico, al secuestro, el comercio de ramas y a la
trata de personas.
Los
espacios de comunicación se van volviendo cada vez más homogéneos y el
pensamiento disidente encuentra menos espacios para hacerse escuchar. La
concentración mediática es hay en día uno de los peligros más grandes para la
libertad de expresión. La concentración empresarial de los medios, se ha
producido de tres formas distintas: a) Horizontal, es decir, sobre un mismo
medio de comunicación; b) vertical, por el acaparamientos de medios de
comunicación de distinta naturaleza radio, televisión, prensa, cable,
satélite y c) transversal, por una
mezcla de la propiedad de medios de comunicación con agencias publicitarias, de
información de promoción musical. etc.
En este
contexto, es necesario subrayar la necesidad de preservar una autonomía
relativa del poder público con respecto a los medios. Luigi Ferrajoli lanzó
hace unos años la advertencia del riesgo que suponía para la democracia el
fenómeno emergente de la unión de los medios y el poder económico para tomar el
control del poder político, lo cual dio lugar a dos categorías nuevas para la
ciencia política: la de la empresa-partidos y la de la empresa-gobierno. El
mismo autor apunta que “La mayor concentración existente de medios televisivos
y de información se movilizó en las reciente campaña electoral no a favor de una
información partidaria o de un bloque de intereses, sino directamente de su
propietario, construyendo en pocas semanas en sus departamentos de publicidad
una fuerza política y lanzándola al mercado de la misma forma las técnicas del
marketing y los spots publicitarios en que se lanza un producto
comercial”.
A quienes
se atreven a informar sobre temas “delicados” se les amenaza o se la elimina
físicamente. Los opinadotes son silenciados lo mismo en –cuba que en Irak, en
Arabia Saudita que en China. Organizaciones internacionales de prensa como por
ejemplo la sociedad Interamericana de prensa denuncian continuamente amenazas
contra periodistas, hasta el grado de que algunos órganos protectores de
derechos humanos han creado programas especiales de protección de comunicadores
(es el caso de CNDH en México).
En México
la reforma electoral del 13 de noviembre de 2007 a la Constitución ha suscitado
diversas críticas en el sentido de que reduce los márgenes de la discusión
libre y robusta que debe caracterizar a cualquier régimen democrático. Para algunos, la imposibilidad de que los
ciudadanos compren espacios en los medios de comunicación electrónicos limita
su libertad de expresión; lo mismo se
dice en relación al impedimento para realizar “campañas negativas” que tienen
los partidos y candidatos según el artículo 41 constitucional, como quiera que sea, lo cierto es que se
trata de disposiciones que tendrán que ser interpretadas bajo los principios
clásicos de la interpretación de los derechos fundamentales, incluyendo sobre
todo el principio propersonae. Una mala interpretación constitucional en este
tema podría provocar consecuencias funestas para el incipiente democrático que
se genera en las campañas electorales, alrededor de partidos y candidatos.
La mejor
guía para logar una adecuada interpretación sigue siendo, hoy como ayer, el
derecho comparado en materia de libertad de expresión. Quienes ganaron nuestra
independencia creían que el propósito último del Estado era dar a los hombres
libertad para desarrollar sus facultades, y que en su gobierno las fuerzas
deliberativas debían prevalecer sobre las arbitrarias. La libertad para ellos
tenía un valor como medio y como fin. Creían que la libertad era el secreto de
la felicidad; el coraje, el secreto de la libertad. Creían que la libertad de
pensar lo que se quiera y de decir lo que se piensa son medios indispensables
para el descubrimiento y la propagación de la verdad política; que sin libertad
de expresión y de reunión, el debate sería fútil; que con ellos el debate
normalmente ofrece protección adecuada contra la diseminación de doctrinas
perniciosas; que la mayor amenaza a la libertad es un pueblo inerte; que el
debate público es un deber político; y que este debe ser el principio
fundamental del gobierno norteamericano. Reconocían los riesgos que corren
todas las instituciones humanas. Pero sabían que el orden norteamericano.
Reconocían los riesgos que recorren todas las instituciones humanas. Pero
sabían que el orden no se puede garantizar solamente por el temor al castigo
cuando ha sido infringido; que es aventurado oponerse al pensamiento, la
esperanza y la imaginación; que el temor engendra represión; que la represión
engendra odio; que el odio amenaza la estabilidad del gobierno; que el sendero
de la seguridad se encuentra en la oportunidad de discutir libremente supuestos
agravios y los remedios que se propongan; y que el mejor remedio para un mal
consejo es uno bueno. Creyendo como creían en el poder de la razón aplicada por
medio del debate público, desecharon el silencio impuesto por la ley, que es la
pero forma en que la fuerza se vuelve un argumento.
El temor
de daño grave por sí solo para justificar la supresión de la libertad de
expresión y de reunión. Los hombres temían a las brujas y quemaban mujeres. La
función de la expresión es liberar al hombre de los grilletes del miedo
tradicional. Quienes ganaron nuestra independencia con una revolución no eran
cobardes. No temían a los cambios políticos. No exaltaron el orden a expensas
de la libertad, para esos hombres valerosos, confiados en sí mismos y en el
poder de la razón aplicada libremente y sin miedo a través del gobierno
popular, ningún peligro que emane de la expresión puede considerarse claro y
presente, a menos que la incidencia del mal que se teme sea tan inminente que
pudiera materializarse antes de que hubiera ocasión de debatirlo a fondo. Si
hubiese tiempo para exponer al debate las falsedades y falacias, para evitar el
mal a través de la educación, el medio que tendría que aplicarse no es el del
silencio sino el de mayor expresión. Esa ha de ser regla, si la autoridad ha de
conciliarse con la libertad.
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